Una profunda contradicción ha surgido entre las principales dependencias de seguridad del estado tras el hallazgo de los cuerpos del empresario Pablo Carreta y su chofer, luego de ser privados de su libertad en la carretera 37. Mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) presume avances significativos, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha puesto un freno a estas aseveraciones, dejando en el aire la verdadera situación jurídica de los presuntos responsables

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El titular de la SSPCE, Jesús Juárez, ha afirmado en diversos espacios informativos que los tres sujetos capturados en Villa de Reyes el pasado domingo 1 de marzo —quienes se suman a un total de 14 detenidos en la zona— estarían directamente implicados en el crimen contra el empresario y su colaborador. Según la versión de la Secretaría, estas capturas representaban un golpe directo a la estructura criminal responsable de la violencia en el tramo carretero.

Sin embargo, en declaraciones recientes, la Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares, aclaró que hasta el momento no se cuenta con personas detenidas específicamente por estos hechos. García Cázares enfatizó que, aunque las investigaciones avanzan en colaboración con el estado de Zacatecas —quienes ya remitieron las diligencias sobre el levantamiento de cadáveres y certificados de necropsia—, los presuntos delincuentes capturados están vinculados por delitos distintos al Caso Carreta-Luna.

Cargos Menores para «Objetivos Prioritarios»

Fuentes internas de la FGE han detallado una realidad procesal mucho más frágil de la que sugiere la narrativa de seguridad pública. Los individuos identificados bajo los alias de «El Mono», «El Tortas» y «El Bélico», señalados inicialmente como piezas clave en el secuestro y homicidio, se encuentran actualmente recluidos únicamente por el delito de posesión simple de estupefacientes.

Esta revelación deja sin sustento, por ahora, la versión de la SSPCE que señalaba el hallazgo de armas de fuego de uso exclusivo y vehículos con placas sobrepuestas en posesión de los implicados al momento de su captura. La falta de una imputación sólida por delitos graves o por el homicidio del empresario genera incertidumbre sobre si las autoridades realmente cuentan con las pruebas necesarias para esclarecer el caso o si se trata de detenciones preventivas con cargos menores para ganar tiempo en la investigación.