Congreso Calificado suspende su cuarta evaluación trimestral

Alerta sobre graves deficiencias en el Poder Legislativo de San Luis Potosí

San Luis Potosí.– La organización ciudadana Congreso Calificado anunció que, por primera vez en su historia, decidió no publicar los resultados de su Cuarta Evaluación Trimestral a la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, al detectar deficiencias graves en el funcionamiento parlamentario y una falta severa de transparencia que, advirtieron, amenaza con “aniquilar la vida parlamentaria” si no se corrige.

En su posicionamiento, la agrupación señaló que, de haberse aplicado la metodología habitual, todos los legisladores habrían resultado reprobados con calificaciones excepcionalmente bajas, debido a prácticas que van desde la omisión de obligaciones legales hasta la falta de iniciativas de impacto propio.

Entre los señalamientos destacan que el Congreso no publica agendas legislativas actualizadas —las más recientes disponibles en su página datan de hace cuatro años—, que las actas de comisiones y comités aparecen vacías o incompletas, y que incluso resultó imposible acceder a los documentos de iniciativas presentadas entre el 11 de junio y el 13 de julio de 2025 durante la Diputación Permanente.

La organización denunció también que el Congreso solo dictamina cuatro de cada diez iniciativas recibidas, y que las reformas de mayor calado suelen provenir de la Federación o del Ejecutivo estatal, mientras que las de los propios legisladores son mínimas. Además, en el último trimestre no se aprobó ninguna iniciativa ciudadana y varias fueron dejadas caducar en comisiones sin dictamen ni resolución formal.

Otro aspecto que calificaron de preocupante es la escasa comunicación con la ciudadanía: únicamente dos de los 27 diputados locales cuentan con páginas web y redes sociales activas, lo que contrasta con la importancia de estas plataformas como canales de información, especialmente para las juventudes.

El reporte añade que persisten problemas de inasistencias, falta de cumplimiento del requisito legal de presentar apartados de impacto presupuestal en iniciativas que generan gasto, y poca receptividad a atender planteamientos ciudadanos.

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