El crecimiento de este sector plantea nuevos desafíos para las familias y las instituciones encargadas de garantizar atención, asistencia y cuidados especializados

En México hay 19.19 millones de personas de 60 años o más, cifra que representa el 14.71% de la población nacional, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que para 2030 este grupo llegará a 20.6 millones y para 2070 alcanzará los 48.3 millones de personas, equivalentes al 34.2% de los habitantes del país.

El aumento de la población adulta mayor también implica mayores necesidades de asistencia. Eduardo Sosa Tinoco, director de Educación y Divulgación del Instituto Nacional de Geriatría, informó que el 23% de este sector presenta al menos una limitación para realizar actividades básicas de la vida diaria, mientras que el 11% necesita ayuda permanente para sus actividades cotidianas.

Actualmente, la responsabilidad de brindar estos cuidados recae principalmente en familiares, en su mayoría mujeres. Sin embargo, el 86.5% de quienes atienden a personas mayores no cuenta con formación especializada. A esto se suma que únicamente el 4.5% del personal que trabaja en residencias para este sector tiene competencias certificadas. En los últimos 15 años, cerca de 125 mil personas recibieron certificación para cuidar a niñas y niños, mientras que alrededor de mil fueron capacitadas para atender a adultos mayores.

La atención también enfrenta dificultades por la fragmentación de los servicios públicos. Durante 2026, el Gobierno federal destinó 468 mil 641 millones de pesos a 47 programas presupuestarios relacionados con cuidados, distribuidos entre 27 instituciones; sin embargo, únicamente 10 están dirigidos a personas adultas mayores. Para 2027, el proyecto presupuestario contempla 475 mil 900 millones de pesos, aunque un análisis de Oxfam advierte reducciones reales de hasta 72% en determinadas partidas.

En cuanto a la infraestructura, actualmente existen 162 centros públicos de atención a personas mayores, de los cuales 138 son clubes, 11 centros de día, 10 residencias de larga estadía y ocho espacios especializados. A estos se suman alrededor de mil 500 establecimientos de gobiernos estatales y municipales. No obstante, no todos atienden a personas con dependencia funcional ni cuentan con modelos de atención centrados en sus necesidades.

Ante este panorama, Guillermo Cejudo Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), planteó la necesidad de establecer una política integral de envejecimiento que permita coordinar a las instituciones, definir responsabilidades y facilitar el acceso a los servicios. La propuesta también contempla establecer rutas claras para que las personas mayores y sus familias conozcan sus derechos y sepan a dónde acudir para recibir atención.