Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, el funcionario reportó las investigaciones que involucran a funcionarios y empresas por presuntas irregularidades en contratos

Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), informó el 26 de octubre a la Cámara de Diputados sobre la apertura de 41 investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés. Los expedientes involucran a 23 personas y 18 empresas, de acuerdo con el documento enviado a las comisiones legislativas.

De los procedimientos reportados, 16 expedientes se iniciaron durante 2025 y 2026 por hechos relacionados con las irregularidades recientemente publicadas; 11 corresponden a contrataciones públicas. En estos últimos se investiga a por lo menos 15 funcionarios y exfuncionarios del INE, además de ocho personas físicas y 18 empresas. Carvente también informó sobre otras 25 investigaciones derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control.

El 9 de octubre, el OIC notificó al instituto 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de una auditoría a los procedimientos de adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026. La revisión abarcó áreas como Comunicación Social, Administración, Organización Electoral, Fiscalización y Asuntos Internacionales.

Entre las posibles irregularidades señaladas figuran la presentación de documentos falsos o alterados, el ocultamiento de conflictos de interés, el uso de recursos públicos sin comprobación suficiente y la participación de empresas que presuntamente no acreditaron capacidad técnica, económica u operativa para cumplir los contratos. Las indagatorias también contemplan posibles actos de colusión, incumplimientos fiscales y contractuales, así como deficiencias en la supervisión, recepción o pago de bienes y servicios que podrían ocasionar daños al patrimonio público.

En el documento enviado a la Cámara de Diputados, Carvente aclaró que la normativa del INE no faculta al OIC para revisar, validar o autorizar previamente las contrataciones de personal. Sin embargo, explicó que el organismo sí puede investigar la veracidad de las declaraciones de los servidores públicos y determinar si existen elementos para establecer posibles responsabilidades administrativas. Las observaciones y los expedientes señalados no constituyen, por sí solos, una resolución definitiva de responsabilidad.