La nueva legislación obliga a los tres órdenes de gobierno a aceptar pagos digitales y faculta a Hacienda para determinar en qué sectores podrán sustituir al efectivo
El Senado de la República aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que establece la aceptación de medios de pago digitales en trámites y servicios públicos de los ámbitos federal, estatal y municipal. La minuta recibió 72 votos a favor de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), así como 37 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el 20 de octubre de 2026.
La legislación contempla el uso de tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, códigos QR, tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) y domiciliaciones, entre otras modalidades autorizadas. Las dependencias gubernamentales deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibir estos pagos, mientras que los proveedores privados de bienes y servicios podrán incorporarlos de manera voluntaria.
Uno de los principales cambios es la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores estratégicos y las actividades en las que los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de pago permitida. Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la ley, la dependencia deberá establecer los primeros sectores sujetos a esta disposición; posteriormente, las autoridades correspondientes tendrán otros 15 días hábiles para emitir las reglas y establecer los periodos de transición.
La norma prevé una sustitución gradual del efectivo, por lo que no implica su eliminación inmediata en todos los establecimientos del país. También contempla excepciones ante fallas o contingencias que impidan realizar operaciones electrónicas. La implementación deberá cubrirse con los presupuestos previamente autorizados, sin asignaciones adicionales de recursos públicos.
En materia financiera, la ley establece que las instituciones deberán aceptar la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros, aunque las personas usuarias podrán elegir otro medio oficial de identificación. Asimismo, faculta al Banco de México para desarrollar herramientas que faciliten las transferencias electrónicas, regular los niveles de operación de las cuentas de depósito y homologar la experiencia de uso de las aplicaciones financieras. La entrada en vigor está prevista para este jueves, una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
