El exfiscal de Chihuahua fue trasladado al penal del Altiplano por una acusación federal de traición a la patria, mientras enfrenta cargos estatales por presuntas irregularidades en un operativo antidrogas.

El caso contra César Jáuregui Moreno se originó por la presunta participación de agentes estadounidenses armados en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en abril de 2026. Durante el operativo, cuatro personas murieron en un accidente vehicular, entre ellas dos agentes estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía estatal.

La investigación derivó en dos procedimientos judiciales. En Chihuahua, el exfuncionario enfrenta acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, debido a su presunta responsabilidad en las irregularidades del operativo y la participación de extranjeros en actividades de investigación. En el ámbito federal, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de traición a la patria en materia de seguridad nacional, al considerar que se habrían permitido acciones reservadas a las autoridades mexicanas sin autorización federal.

El domingo 18 de octubre, un juez estatal permitió que Jáuregui continuara en libertad el procedimiento local, con medidas cautelares como entregar su pasaporte, permanecer en la ciudad y presentarse periódicamente ante las autoridades. Sin embargo, al salir de los juzgados, agentes de la FGR ejecutaron una orden de aprehensión federal. El lunes 19 fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Por su parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, señaló que la orden federal se obtuvo después de más de 100 diligencias. La presidenta Claudia Sheinbaum también respaldó la investigación y sostuvo que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad no autoriza a agentes extranjeros a participar directamente en operativos dentro de México sin el marco legal correspondiente. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, manifestó que su administración entregará la información que solicite la Federación.

Jáuregui y su defensa rechazan las acusaciones y sostienen que el caso tiene motivaciones políticas, relacionadas con sus aspiraciones a la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua. Además, el abogado defensor cuestionó que las pruebas presentadas acrediten que el exfiscal autorizó directamente la participación de los agentes. Mientras continúa la investigación, el proceso mantiene abierto el debate sobre los límites de la colaboración con autoridades extranjeras y las responsabilidades de los funcionarios mexicanos.