Frente a la presión de consultas ciudadanas detenidas en municipios de la huasteca donde se busca transitar hacia elecciones por usos y costumbres, además de los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para legislar en favor de comunidades originarias, afromexicanas y personas con discapacidad, el Poder Legislativo local sumó un nuevo revés en su agenda de derechos colectivos.

El conflicto escaló luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) determinara que la aprobación del Decreto 0518, con el cual se modificó el artículo 9 de la Constitución estatal, resulta completamente insuficiente para solventar los vacíos legales surgidos tras la reforma federal al artículo 2 constitucional de septiembre de 2024, la cual obliga a reconocer sistemas normativos internos y formas tradicionales de elección de autoridades.

Ante el incumplimiento del plazo original que venció el pasado 23 de junio, los legisladores tuvieron que solicitar formalmente desde el 19 de junio una ampliación de 180 días, argumentando la complejidad técnica de los procedimientos parlamentarios necesarios para cubrir todas las exigencias legales que el órgano electoral federal y local les demanda.

Al resolver esta petición, el TEE concedió la prórroga de seis meses para que el Congreso cumpla con la armonización pendiente, advirtiendo que de registrarse inactividad o retrasos injustificados se aplicarán de inmediato medidas de apremio, obligando a los diputados a entregar la documentación probatoria del cumplimiento tres días después de concluir dicho plazo.