Ante el inminente periodo de rendición de informes de gobierno de los ayuntamientos potosinos, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que los alcaldes que hayan omitido ajustar el salario mínimo de sus policías municipales a la retribución legalmente establecida se enfrentarán a severas sanciones administrativas, las cuales incluyen procedimientos directos de inhabilitación de sus cargos.

El mandatario estatal explicó que, al concluir los plazos y prórrogas otorgados para dar cumplimiento a la Ley de Salarios Mínimos aprobada para las corporaciones policiales —la cual fijó un piso salarial de 14 mil pesos mensuales para los agentes municipales—, los órganos fiscalizadores y el Poder Legislativo iniciarán formalmente la revisión de las cuentas públicas para fiscalizar el ejercicio de estos recursos.

Gallardo Cardona precisó que se emitirán dos extrañamientos de alto nivel dirigidos a las administraciones omisas: el primero por parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí y el segundo mediante los Órganos de Fiscalización, tanto de la Auditoría Superior del Estado (ASE) como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Estas observaciones asentarán la falta grave en la que incurrieron los ediles al ignorar un mandato legal vigente.

El jefe del Ejecutivo estatal remarcó que la ventana de prórroga para regularizar y nivelar las percepciones de los uniformados ha concluido de forma definitiva. En consecuencia, los ayuntamientos que persistan en el incumplimiento se encuentran actualmente dentro de un proceso legal y administrativo que derivará en la inhabilitación directa y en automático de las y los presidentes municipales responsables.

Finalmente, el gobernador reiteró que la dignidad salarial de los elementos policiacos no es opcional ni queda al arbitrio del presupuesto municipal, sino que constituye una obligación de ley orientada a fortalecer el eslabón de la seguridad pública en los 58 municipios del territorio potosino.