Con el regreso a clases, algunas familias reciben solicitudes de dinero para cubrir necesidades de los planteles públicos

Cada ciclo escolar vuelve la duda sobre si las aportaciones solicitadas por las escuelas deben pagarse para que los estudiantes puedan continuar con sus actividades académicas.

La respuesta es no. En las escuelas públicas, las llamadas cuotas voluntarias no pueden convertirse en un requisito para recibir el servicio educativo. La Ley General de Educación establece que no se puede condicionar la inscripción, reinscripción, acceso al plantel, aplicación de evaluaciones o entrega de documentos al pago de una contraprestación.

Las asociaciones de madres y padres de familia sí pueden acordar aportaciones para atender necesidades específicas de las escuelas. Sin embargo, estos recursos deben mantenerse como contribuciones voluntarias y no pueden utilizarse para impedir que un alumno reciba educación.

Tampoco se puede negar una boleta, certificado u otro documento oficial por no haber realizado una aportación. Las familias que decidan no contribuir deben recibir el mismo trato que quienes sí lo hacen.

El programa La Escuela es Nuestra también contempla recursos destinados a mejorar la infraestructura, equipamiento y rehabilitación de los planteles mediante los Comités Escolares de Administración Participativa, con el objetivo de atender las necesidades de las comunidades educativas.

Si una escuela pública condiciona algún servicio educativo al pago de una cuota, las familias pueden presentar una denuncia ante la Secretaría de Educación Pública. La dependencia mantiene canales de atención para reportar este tipo de irregularidades.