El Legislativo desligó los requisitos para encabezar la Fiscalía de aquellos exigidos a magistrados del Poder Judicial; Morena se pronunció en contra de la reforma.

San Luis Potosí, S.L.P.- Quienes en el futuro busquen encabezar la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí tendrán que cumplir nuevas reglas, luego de que el Congreso del Estado aprobó por mayoría una reforma al artículo 122 Bis de la Constitución local. Los cambios, sin embargo, no modificarán las condiciones bajo las cuales fue designada la actual fiscal, María Manuela García Cázares.

La reforma surge como consecuencia de los cambios realizados al Poder Judicial, pues hasta ahora la Constitución potosina establecía que la persona titular de la Fiscalía debía cumplir los mismos requisitos exigidos para ocupar una Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia.

Con el nuevo modelo judicial y la elección popular de personas juzgadoras, el Congreso determinó separar ambos procedimientos para evitar que futuras modificaciones relacionadas con magistrados repercutan automáticamente en los requisitos para dirigir la Fiscalía.

Así, la Constitución establecerá directamente el perfil requerido para la o el Fiscal General, quien permanecerá siete años en el cargo, sin posibilidad de reelección.

Entre las condiciones se establece tener ciudadanía mexicana por nacimiento, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, contar con al menos 35 años de edad, licenciatura en Derecho, cédula profesional con una antigüedad mínima de cinco años y acreditar por lo menos cinco años de experiencia profesional jurídica.

También será necesario haber residido en San Luis Potosí durante los dos años anteriores a la designación.

La reforma incorpora filtros adicionales: quedarán impedidas las personas con sentencia firme por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género o delitos relacionados con la libertad y seguridad sexual. Tampoco podrá ocupar el cargo quien se encuentre registrado como deudor alimentario moroso, haya recibido una sanción firme por faltas administrativas graves o aparezca en registros de servidores públicos inhabilitados.

Además, se busca establecer distancia entre la Fiscalía y cargos políticos recientes. No podrá ser designada una persona que durante el año previo haya sido gobernadora o gobernador, diputada o diputado local o titular de una Presidencia Municipal. Para quienes hayan ocupado dirigencias partidistas, el impedimento será de tres años.

Reforma no toca el periodo de Manuela García

El decreto establece expresamente que las nuevas condiciones no serán aplicables de manera retroactiva a María Manuela García Cázares, quien continuará al frente de la Fiscalía conforme a las reglas bajo las cuales tomó protesta.

El artículo tercero transitorio señala que la medida busca garantizar tanto sus derechos adquiridos como la continuidad institucional de la Fiscalía General del Estado.

La modificación constitucional no estuvo exenta de diferencias políticas. Durante la discusión, el diputado Emilio Rosas Montiel anunció el voto en contra a nombre del Grupo Parlamentario de Morena.

Con la reforma, el Congreso rompe finalmente la relación automática que existía entre los requisitos para ser magistrado y aquellos necesarios para dirigir la Fiscalía, dejando un marco específico para las próximas designaciones de quien tendrá bajo su responsabilidad la procuración de justicia en San Luis Potosí.