El médico potosino enfrenta una investigación penal que rechaza; solicita que las autoridades revisen las pruebas y definan si existen condiciones para restablecer, bajo supervisión, la convivencia con sus hijos

San Luis Potosí, S.L.P.- Dieciséis meses pueden ser solamente un periodo dentro de un expediente judicial, pero para un padre y sus hijos representan más de un año sin convivencia. Esa es la situación que Ricardo Purata decidió hacer pública para pedir a las autoridades de San Luis Potosí certeza sobre los procedimientos legales que actualmente enfrenta.

El médico potosino se encuentra relacionado con la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/10727/25 por una denuncia de presunto abuso sexual calificado. Purata rechaza la acusación y sostiene que existen elementos dentro del caso que deben ser revisados y esclarecidos por las autoridades.

Al mismo tiempo se encuentra el expediente familiar 766/2024, radicado en el Juzgado Sexto, relacionado con la convivencia con sus hijos.

Dos procedimientos distintos que, de acuerdo con Purata, terminaron encontrándose en un mismo punto: desde hace más de 16 meses no puede ver a sus hijos.

“Hoy vengo a levantar la voz por mis hijos. Hoy quiero pedir a las autoridades imparcialidad”, manifestó al hacer público su caso.

Pide que las pruebas hablen

Purata cuestiona particularmente las fechas relacionadas con los hechos denunciados y algunos de los elementos periciales considerados dentro de la investigación.

Afirma que existen inconsistencias temporales que pueden ser contrastadas con pruebas y asegura que algunos peritajes habrían sido elaborados sin que él fuera entrevistado directamente.

Sus cuestionamientos no constituyen por sí mismos una prueba de inocencia ni desacreditan la denuncia presentada. Será la Fiscalía y, en su momento, la autoridad judicial competente la que deberá establecer el valor de cada elemento.

Eso es precisamente lo que Purata pide que ocurra.

“Revisen las fechas de esa denuncia y comprueben con todas las pruebas”, expresó.

Una investigación penal y una convivencia que no se ha recuperado

Mientras el procedimiento penal continúa, la consecuencia en el ámbito familiar, según relata Purata, ha sido inmediata y prolongada.

El médico asegura que durante estos meses ha buscado recuperar la convivencia con sus hijos y plantea incluso que ésta pueda realizarse de manera supervisada, con intervención de especialistas y bajo las condiciones que establezca la autoridad.

También refiere que dentro del expediente familiar existen valoraciones psicológicas realizadas a sus hijos en las que, según su versión, los menores habrían manifestado que lo extrañan y desean verlo.

La existencia y alcance jurídico de esos elementos deberá ser valorada por el juzgado. Sin embargo, para Purata representan una razón más para solicitar que se determine si puede establecerse algún mecanismo que permita recuperar el contacto sin comprometer la protección de los menores.

El conflicto comenzó antes

Otro de los aspectos que pide tomar en cuenta es que las diferencias relacionadas con la convivencia familiar, asegura, comenzaron antes de que existiera la denuncia penal.

Purata ha señalado públicamente posibles actos de manipulación, alienación, extorsión y obstrucción parental. Ninguno de estos señalamientos puede asumirse como un hecho acreditado mientras no exista una determinación de las autoridades.

Tampoco corresponde a una exposición en redes sociales determinar quién tiene la razón.

Lo que sí corresponde a las instituciones es investigar, contrastar las versiones, revisar los elementos disponibles y resolver.

16 meses esperando una definición

El caso involucra una acusación que, por su gravedad, exige una investigación exhaustiva y responsable. Pero también involucra a menores de edad y una relación familiar interrumpida desde hace más de un año.

Por eso, el paso del tiempo no es un elemento menor.

“No soy el único y mis hijos no son los únicos. Ya basta. Necesitamos certeza de las autoridades. Necesitamos el bien superior del menor”, señaló Purata.

Su petición no es que las redes sociales sustituyan a un tribunal ni que una publicación determine responsabilidades. Pide que sean precisamente las instituciones las que lo hagan.

Que se revise la denuncia. Que se confronten las fechas. Que se valoren los peritajes. Que se escuchen los elementos existentes en el procedimiento familiar y que, con base en todo ello, se determine lo que corresponda.

Y mientras se alcanza una resolución definitiva, que también se establezca si existen condiciones para una convivencia supervisada con sus hijos.

Después de 16 meses, Ricardo Purata pide que su caso deje de permanecer únicamente entre expedientes abiertos y tenga respuestas concretas de las autoridades, con una prioridad que debe estar por encima de la disputa entre los adultos: el interés superior de sus hijos.