El Secretario General de Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, emitió una postura firme tras los hechos registrados en la comunidad de La Boca, donde policías municipales presuntamente agredieron físicamente al párroco Israel Salinas Torres. El funcionario estatal insistió en que los cuerpos de seguridad pública municipal deben representar confianza para sus demarcaciones y que existen normas muy claras que establecen cómo actuar frente a incidentes de abuso de autoridad. Asimismo, puntualizó que la administración estatal mantendrá un llamado constante al respeto y la legalidad en el actuar policial.

Torres Sánchez enfatizó que una parte fundamental para construir y mantener dicha confianza ciudadana radica en las evaluaciones continuas de los elementos, tanto de permanencia como de ingreso. En este sentido, remarcó la importancia de que todos los agentes acrediten los controles de control y confianza, además de recibir cursos de capacitación enfocados primordialmente en la materia de derechos humanos. De igual forma, subrayó que los policías deben tener perfectamente establecido el protocolo sobre el uso de la fuerza, el cual debe emplearse única y exclusivamente cuando la situación así lo requiera.

El encargado de la política interna de la entidad aclaró que el Gobierno del Estado no busca situarse por encima de las decisiones autónomas de los ayuntamientos, sino más bien actuar como un ente que exhorta con mucho respeto a los presidentes municipales a actuar en consecuencia frente a los malos elementos. Mencionó que lo peor que puede ocurrirle a una ciudad o a un municipio es que sus habitantes dejen de confiar en sus propias instituciones policiales, por lo que resulta indispensable sancionar de forma contundente cualquier comportamiento que vulnere la tranquilidad social.

En concordancia con esta postura, la administración estatal validó la decisión del alcalde de Villa de La Paz, Juan Francisco Gómez, quien previamente había ordenado la baja definitiva de los oficiales involucrados en la agresión ocurrida durante una supuesta revisión de rutina. Esta medida responde a las exigencias de los habitantes de la localidad, quienes no solo presenciaron la agresión física contra el clérigo en la zona de las costillas, sino que también denunciaron que uno de los uniformados desenvainó un arma de fuego con la firme intención de intimidar a los presentes.

Finalmente, el funcionario estatal reiteró el respaldo a las acciones legales emprendidas por la Diócesis de Matehuala y el propio sacerdote afectado, quienes formalizaron su denuncia ante la delegación de la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de responsabilidades. Con esta intervención, el gobierno estatal refrenda su compromiso de vigilar el correcto actuar de las corporaciones locales, secundando el llamado de las autoridades eclesiásticas para mantener la calma en la región del Altiplano potosino mientras se desahogan las indagatorias correspondientes.