Una ola de indignación y rechazo social sacudió a diversos sectores de la capital potosina luego de la detención de la abogada y activista Celia García Valdivieso a manos de la policía municipal. Los hechos ocurrieron al exterior de un templo religioso, donde ciudadanos solicitaron el apoyo de la defensora civil ante lo que acusaban como el arresto ilegal de un joven; según las versiones difundidas, los oficiales pretendían asegurar al ciudadano, quien aparentemente evadió una revisión rutinaria, quien solo traía consigo una mochila y en su interior, una biblia además de algunos otros artículos personales, lo que desató críticas por presunto abuso de poder y discriminación.
Ante la presión mediática, el presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, atendió a los medios para informar que ordenó una revisión exhaustiva de la actuación de los elementos. El edil argumentó que los policías inicialmente desconocían la identidad de la litigante durante su intervención, calificando el procedimiento operativo original como legal, aunque reconoció que los involucrados deben perfeccionar la aplicación de sus protocolos de detención. Para calmar las tensiones, Galindo ofreció una disculpa pública al confirmarse fallas operativas y adelantó que buscará formalmente un encuentro con la afectada.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio, Juan Antonio Villa Gutiérrez, descartó tajantemente que el arresto de García Valdivieso se debiera a su condición de activista o a una represalia directa. De acuerdo con la corporación, los agentes abordaron primero a un varón que presuntamente intentó evadirlos, momento en el cual un grupo de civiles se aproximó a cuestionar el acto. Villa Gutiérrez subrayó que los elementos procedieron a presentar a la litigante ante un juez cívico bajo cargos administrativos derivados del bando de policía y gobierno, no por la comisión de un delito penal.
El secretario de seguridad detalló que el juez cívico determinó la inmediata liberación de la abogada tras analizar el Informe Policial Homologado (IPH) y detectar inconsistencias en el cumplimiento de los procedimientos exigidos a la autoridad aprehensora, resolviendo que la conducta imputada no ameritaba sanción alguna. Tras el incidente, Villa Gutiérrez aseguró haber sostenido un diálogo constructivo con la defensora de derechos humanos para coordinar esfuerzos con el órgano de control interno y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, a fin de formalizar su queja e investigar a fondo las posibles faltas.
Finalmente, ambos funcionarios recalcaron que las sanciones correspondientes para los oficiales involucrados quedarán en manos de la Comisión de Honor y Justicia de la corporación. Asimismo, el comisario Villa Gutiérrez rechazó que la detención inicial del joven hubiera estado motivada por prejuicios hacia su vestimenta o aspecto físico, enfatizando que la secretaría mantiene una política activa de no criminalización hacia la ciudadanía por su apariencia. La administración local se comprometió a transparentar la resolución final una vez concluido el proceso administrativo.