Los nuevos negocios de bajo y medio impacto en la Capital potosina podrían abrir y operar hasta por 90 días mientras concluyen sus trámites municipales, como parte de una reforma impulsada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí para reducir la burocracia y facilitar la regularización de comercios.

La propuesta fue dada a conocer por la regidora Irene Margarita Hernández Fiscal, quien explicó que la iniciativa ya fue avalada en la Comisión de Gobernación y aún deberá ser votada por el Cabildo capitalino.

De aprobarse, los establecimientos que no vendan alcohol podrán iniciar operaciones únicamente con el aviso a la autoridad y con el procedimiento de Protección Civil iniciado, teniendo posteriormente un plazo de tres meses para completar toda la documentación requerida.

“Si tú mañana decides abrir un negocio, con darle aviso a la autoridad y tener iniciado tu procedimiento de Protección Civil, tienes 90 días para obtener todos los permisos”, explicó la regidora.

Margaríta Hernández aclaró que en el caso de negocios con venta de alcohol, el permiso provisional sería de 30 días mientras concluyen los trámites correspondientes.

Hernández Fiscal señaló que actualmente abrir un negocio en San Luis Potosí puede convertirse en un proceso largo y costoso, al asegurar que existen empresarios que han tardado hasta un año en lograr operar completamente en regla, situación que afecta tanto a comerciantes locales como a inversionistas foráneos interesados en instalarse en la capital potosina.

Además de los permisos provisionales, la reforma contempla simplificar el refrendo anual de licencias de funcionamiento. Actualmente, los comerciantes deben acudir cada año a distintas dependencias municipales para renovar dictámenes y permisos, lo que representa tiempo, costos y procesos burocráticos adicionales.

Con la modificación, bastaría con mantener vigente el dictamen de Protección Civil para obtener el refrendo anual, evitando repetir trámites ante múltiples áreas municipales.

La regidora del PRI aseguró que el objetivo es incentivar que más negocios operen dentro de la legalidad y disminuir prácticas irregulares derivadas de la excesiva tramitología.

“La gente va a querer estar más adecuada a la ley que estar trabajando por los juicios o en actos de corrupción”, afirmó Margarita Fiscal.

La propuesta aplicaría principalmente para negocios considerados de bajo impacto, como papelerías y pequeños comercios, mientras que establecimientos de mayor riesgo continuarían sujetos a requisitos más estrictos.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de la Capital encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos para agilizar procesos administrativos, atraer inversión y facilitar la apertura de negocios en la ciudad.