El señalamiento no es aislado y apunta a una presunta estructura de protección al narcotráfico en Sinaloa que involucra a varios servidores públicos.

El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico. La investigación incluye a otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios, lo que amplía el caso más allá de una sola figura política.

Según el Departamento de Justicia, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. A cambio, presuntamente recibían sobornos y ofrecían protección desde sus cargos públicos, permitiendo la operación de esta organización criminal.

Entre los señalados se encuentran perfiles políticos y de seguridad, como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de exfuncionarios de áreas clave como seguridad pública, fiscalías y cuerpos de investigación. La acusación sugiere la existencia de una red institucional que habría facilitado las actividades ilícitas.

Las autoridades estadounidenses también mencionan posibles vínculos con la facción conocida como Los Chapitos, relacionada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que eleva la gravedad del caso por su historial de violencia y control territorial.

Tras darse a conocer la acusación, el gobierno de México recibió solicitudes de detención con fines de extradición que ya son analizadas por la Fiscalía General de la República. Por su parte, Rocha Moya rechazó los señalamientos y aseguró que carecen de fundamento, en medio de un nuevo episodio de tensión bilateral en materia de seguridad.