* El Poder Judicial Federal da la razón a activistas y obliga al estado potosino a asignar recursos para atender desigualdades que enfrenta la población LGBTIQ+

La justicia federal determinó que el Gobierno del Estado y el Congreso local incumplieron su obligación constitucional al no asignar presupuesto para atender a la comunidad LGBTIQ+. La resolución establece que, ante los contextos de violencia y discriminación, las autoridades deben garantizar acceso efectivo a derechos como salud, educación y empleo mediante partidas económicas específicas.

El dictamen responde a una acción legal promovida por Francisco Olvera Herrera y Jorge Álvaro Colunga López, respaldada por años de organización comunitaria. Durante este tiempo, espacios como el Refugio Orquídea han operado con recursos propios, brindando apoyo a personas LGBT pese a la falta de respaldo institucional.

Francisco Olvera Herrera señaló que la resolución representa una obligación jurídica y no una recomendación. Indicó que los recursos públicos deben dirigirse a quienes han sostenido a la comunidad en condiciones adversas, subrayando la importancia de que el cumplimiento sea real y verificable.

La sentencia ordena que el presupuesto considere las múltiples condiciones de vulnerabilidad dentro de la población LGBTIQ+, incluyendo factores como género, pertenencia indígena, discapacidad, edad y situación de abandono. Además, establece que estos recursos deben fortalecer a organizaciones, refugios y comedores que históricamente han operado en precariedad.

Este precedente también marca un límite a la discrecionalidad en la asignación de recursos, al convertirla en una obligación permanente y no sujeta a decisiones políticas. Se busca garantizar no solo reconocimiento, sino acceso tangible a condiciones de vida dignas.

El acompañamiento jurídico de la asociación Amicus DH fue clave en el proceso. Sus representantes legales, Juan Pablo Delgado y Juan Cueva, contribuyeron a consolidar el caso que derivó en esta resolución.

El llamado ahora es a la vigilancia y participación activa de la comunidad para asegurar que el mandato se cumpla en su totalidad y sin simulaciones.