La controversia crece tras señalamientos por presunta colaboración con agencias de Estados Unidos en Chihuahua, lo que desató acusaciones de violaciones constitucionales y posibles sanciones penales.

El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados promovió la solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por su presunta responsabilidad en la colaboración con agencias estadounidenses en operativos de seguridad dentro del estado.

El coordinador del PT, el diputado Reginaldo Sandoval, sostuvo que esta actuación podría representar violaciones a la Constitución e incluso configurarse como “traición a la patria”, al permitir la intervención de organismos extranjeros sin autorización del gobierno federal.

Según los señalamientos, autoridades estatales habrían reconocido la participación de agencias como la CIA, el FBI y la DEA en tareas de seguridad, lo que abrió un debate sobre soberanía nacional y los límites de acción de los gobiernos locales en asuntos internacionales.

En caso de acreditarse responsabilidades graves, el proceso podría derivar en sanciones como la destitución del cargo e incluso consecuencias penales, aunque el tema sigue en discusión dentro del ámbito legislativo y político nacional.