El gobierno cuestiona el documento del comité internacional y defiende avances en la atención del problema

El Gobierno de México expresó su desacuerdo con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que contiene interpretaciones incorrectas sobre la situación en el país. La postura fue expuesta por el canciller Roberto Velasco Álvarez, quien aseguró que el documento presenta inconsistencias en la definición del delito.

El funcionario señaló que el comité incurrió en una “extralimitación” al redefinir el concepto de desaparición forzada, al tiempo que insistió en que México no niega la existencia del problema ni el dolor de las familias afectadas. También afirmó que se mantendrá la cooperación con organismos internacionales, aunque se exigirá mayor rigor en sus evaluaciones.

La controversia surge luego de que el organismo de la ONU planteara llevar el caso mexicano ante la Asamblea General, al advertir indicios de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Este señalamiento generó tensiones entre el gobierno federal y el sistema internacional de derechos humanos.

Desde el Ejecutivo se ha defendido que existen avances en la atención del fenómeno, mientras que el informe ha sido calificado como parcial. En paralelo, se reiteró que la actual administración continuará trabajando en la búsqueda de personas desaparecidas y en el fortalecimiento de las instituciones encargadas del tema.

El debate también alcanzó al ámbito político, donde legisladores de oposición cuestionaron la postura oficial frente al informe internacional, en medio de una discusión más amplia sobre la crisis de desapariciones en el país y el papel de las autoridades en su atención.