El empresario Ricardo Salinas Pliego generó controversia tras sugerir que las personas que reciben apoyos sociales no deberían participar en procesos electorales. La propuesta se difundió a través de sus redes sociales, donde argumentó un posible conflicto de interés en el ejercicio del voto.

La declaración provocó una rápida reacción entre usuarios y figuras públicas, quienes cuestionaron la viabilidad y legalidad de la idea. En México, el derecho al voto es universal y está protegido por la Constitución, por lo que una medida de este tipo implicaría cambios profundos en el sistema democrático.

El planteamiento surge en un contexto donde los programas sociales han cobrado relevancia en la vida pública, al beneficiar a millones de personas en el país.

La discusión se trasladó a plataformas digitales, donde el tema se volvió tendencia y abrió un debate sobre participación ciudadana, derechos políticos y el papel de los apoyos gubernamentales en las decisiones electorales.