La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, presentó una iniciativa de reforma electoral que busca modificar de manera profunda el sistema político y electoral del país, mediante un paquete de 10 puntos clave que será enviado al Congreso de la Unión para su análisis.

La propuesta fue dada a conocer en Palacio Nacional, donde se explicó que el objetivo central es fortalecer la representación ciudadana, reducir el costo de las elecciones y establecer reglas más claras y transparentes en los procesos electorales.

Uno de los cambios más relevantes es la nueva integración del Poder Legislativo. La Cámara de Diputados mantendría 500 curules, pero todas y todos sus integrantes serían electos por voto directo. De ellos, 300 serían por mayoría relativa en distritos; 97 corresponderían a las personas candidatas no ganadoras con mayor votación; 95 se asignarían por circunscripción y ocho representarían a mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.

En el caso del Senado de la República, la iniciativa plantea reducir su integración de 128 a 96 senadores, de los cuales 64 serían electos por mayoría relativa y 32 por primera minoría, con lo que se busca simplificar su composición y disminuir gastos.
Otro de los ejes es la reducción de hasta 25 por ciento del gasto electoral, a través de recortes al financiamiento de partidos políticos, ajustes a estructuras administrativas y eliminación de duplicidades. A la par, se propone reforzar la fiscalización de recursos, con mayor acceso de la autoridad electoral a operaciones financieras y la prohibición de aportaciones en efectivo.

La reforma también incluye la reducción de tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas, al pasar de 48 a 35 minutos diarios por emisora, así como la regulación del uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital para evitar la manipulación del voto en redes sociales.

Entre los puntos adicionales se plantea iniciar los cómputos distritales al cierre de la jornada electoral, sin la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares; facilitar el voto de mexicanas y mexicanos en el extranjero; ampliar mecanismos de democracia participativa; prohibir el nepotismo electoral y eliminar la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030.

La iniciativa iniciará ahora su ruta legislativa en el Congreso, donde será discutida y eventualmente modificada, en un proceso que marcará el debate sobre el futuro del sistema electoral mexicano.