El Congreso del Estado de San Luis Potosí definió la integración del nuevo Concejo Municipal de Villa de Pozos, luego de la salida total de los concejales que venían ejerciendo funciones, en un relevo marcado por señalamientos, falta de resultados y cuestionamientos sobre la transparencia en la administración del municipio.

La reconfiguración del órgano de gobierno se da después de que el propio Poder Legislativo reconociera la necesidad de corregir el rumbo en Villa de Pozos, ante observaciones sobre el desempeño del Concejo saliente, del cual no permaneció ninguno de sus integrantes, salvo en un primer momento el secretario general, aunque ahora ya figura como regidor dentro de la nueva integración.

Como síndicos fueron designados Beatriz Carranza y Alejandro García Moreno, quienes tendrán la responsabilidad de la representación legal y el control del patrimonio municipal en un contexto de vigilancia reforzada por parte del Congreso.

El nuevo cuerpo de regidores quedó integrado por René Oyarvide Ibarra, Georgina Andrade Bautista, Sebastián Galindo Arriaga, Octavio Íñiguez, Laura Chavarría Romero, Luis Enrique López Martínez, Socorro Hernández Pintado, Mario Cortés Martínez, Norma Angélica Herrera Sustaita, Carlos Fernando Cabriales Garza, Sandra Leticia Hernández Serrato, Ulises Fabián Toro Reyna y Claudia Galán Ramírez.

Este relevo ocurre después de que la presidenta municipal de Villa de Pozos, Patricia Aradillas Aradillas, advirtiera públicamente que no “metería las manos al fuego por nadie”, dejando abierta la puerta a la revisión del actuar de la administración anterior y a posibles responsabilidades por irregularidades.

Aunque desde el Congreso se ha insistido en que el nuevo Concejo deberá conducirse con mayor orden y transparencia, el nombramiento ocurre bajo un ambiente de desconfianza ciudadana y con la exigencia de resultados inmediatos, luego de semanas de inestabilidad política en el municipio.

Se espera que los nuevos concejales rindan protesta en las próximas horas, bajo el compromiso de someter su desempeño a una supervisión permanente, en un municipio donde el margen de tolerancia a errores se ha reducido al mínimo.