La medida surge tras detectar que miles de llamadas de extorsión, fraude y cobros ilegales operaban desde números sin identidad verificable. Dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y diversas fiscalías especializadas impulsaron estos lineamientos para asegurar que cada línea cuente con un responsable identificable.

El padrón se basa en ajustes publicados en el Diario Oficial de la Federación en 2025, aunque tiene antecedentes en reformas de 2021 que ordenaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones diseñar reglas para una base nacional de usuarios. El objetivo es que, al vincular cada línea a una CURP, las autoridades puedan rastrear más rápido llamadas relacionadas con actividades ilícitas y avanzar en procesos de investigación y sanción.

El decreto no contempla multas económicas para quienes no registren su número, pero sí una consecuencia decisiva, como la suspensión de la línea. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones enviará mensajes a los usuarios indicando fechas límite y, tras ese aviso, comenzará un periodo de 120 días hábiles. Si al finalizar ese lapso el número sigue sin registrarse, el operador deberá darlo de baja. Una línea suspendida solo podrá llamar a servicios de emergencia, atención ciudadana o al propio operador.

Para quienes deseen recuperarla habrá opción de reactivación siempre que el número siga disponible y se entregue correctamente la CURP. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones realizó una prueba piloto para depurar el proceso y continúa ajustando la plataforma con apoyo de usuarios y operadores.


Los lineamientos finales serán publicados en diciembre de 2025. A partir de enero de 2026 todos los usuarios, sin excepción, deberán registrar su número con su CURP o pasaporte en el caso de extranjeros. El proceso durará 120 días naturales, periodo en el que Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán Redes deberán habilitar plataformas digitales y módulos presenciales para facilitar el trámite.

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil fue contemplado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada en julio de 2025. Su objetivo es combatir la extorsión y el fraude telefónico, delitos que continúan siendo una vía de operación del crimen organizado. La idea no es nueva, ya que en 2021 se habían impulsado reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en especial al artículo 180 que instruyó al IFT a diseñar disposiciones para una base nacional confiable.

La vinculación de cada línea con una CURP permitirá rastrear con mayor precisión llamadas relacionadas con delitos. Según la CRT, esta etapa será fundamental para evaluar la eficacia operativa del padrón, por lo que la coordinación entre regulador, operadores y usuarios será clave para su implementación.