La iniciativa enviada por la Presidencia busca que Conagua tenga control total sobre las concesiones y que ya no puedan venderse ni heredarse. La idea es ordenar el uso del agua y evitar abusos que, según el gobierno, llevan años sin corregirse.

Desde el campo surgieron dudas inmediatas. Agricultores y comunidades rurales temen que el cambio les quite seguridad sobre un recurso que ha acompañado a sus familias por generaciones. También preocupa que, con más decisiones concentradas en la federación, se reduzca el volumen disponible para sus cultivos.

El gobierno federal insiste en que la intención es equilibrar el acceso y apoyar a regiones que hoy sufren escasez. Afirma que una regulación más clara permitirá saber quién usa el agua y bajo qué condiciones, y que eso ayudará a evitar injusticias que se arrastran desde hace tiempo.

Aunque la discusión sigue abierta en el Congreso, el tema ya está en boca de todos. Lo que esperan muchos sectores es que cualquier ajuste final dé tranquilidad, proteja a quienes producen alimentos y asegure un futuro más justo para las comunidades que viven al límite del agua.