San Luis Potosí, SLP.– El hallazgo de siete cuerpos abandonados en Villa de Cos, Zacatecas, y la detención de cuatro personas con identificaciones de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí ha exhibido una serie de inconsistencias, versiones incompletas y señalamientos cruzados entre ambos gobiernos estatales, mientras el caso avanza sin información clara sobre lo ocurrido.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que los primeros indicios “apuntan a una siembra de cuerpos en territorio zacatecano”, una declaración inusual que, lejos de aclarar los hechos, suma dudas sobre el contexto en el que se produjo el hallazgo. La Fiscalía de Zacatecas no ha detallado por qué se llegó a esa hipótesis ni presentó elementos que la sustenten.

De acuerdo con la versión zacatecana, la localización ocurrió durante patrullajes del operativo Vigilante Nocturno, cuando agentes detectaron una camioneta sospechosa y después los siete cuerpos tirados a pocos metros. Dentro del vehículo viajaban tres hombres y una mujer, con manchas de sangre, que portaban identificaciones de la GCE pero se trasladaban en una camioneta civil, no en una patrulla.

La respuesta de San Luis Potosí deja más preguntas que certezas

El secretario de Seguridad de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, confirmó que las personas detenidas sí son policías activos adscritos a Salinas, pero evitó explicar por qué viajaban sin unidad oficial, por qué estaban fuera de su jurisdicción, o por qué un vehículo particular fue autorizado para tareas operativas en una zona limítrofe reconocida por su riesgo.

Juárez Hernández afirmó que la camioneta civil fue usada porque las patrullas estaban “ocupadas”, pero no precisó cuántas unidades había disponibles, qué auxilio estaban atendiendo ni por qué permitir que agentes se desplazaran a una frontera insegura sin equipo, sin patrulla y sin supervisión visible.

Tampoco aclaró qué tipo de “apoyo” acudían a brindar ni cuál fue el reporte del C5 que supuestamente motivó su movilización.

A pesar de esta falta de claridad, el funcionario pidió al Gobierno de Zacatecas “vigilar el proceso” y aseguró que “le consta a la base de Salinas que fueron a prestar apoyo”, aunque no presentó evidencia que respalde esa afirmación.

Un caso opaco en ambos estados

Mientras Zacatecas sostiene la hipótesis de una “siembra de cuerpos”, San Luis Potosí asegura que los agentes “cumplían con su deber”. Ninguna de las dos posturas explica:

Cómo llegaron los siete cuerpos al sitio.

Por qué los agentes potosinos estaban en una camioneta civil.

Qué reporte justificaba su presencia en territorio zacatecano.

Por qué no se ha informado si hay relación entre los cadáveres y los detenidos.

Si existían protocolos para permitir el cruce de personal entre estados.


La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Zacatecas, pero hasta ahora no se han presentado avances públicos ni se ha detallado si se está investigando a los detenidos como víctimas, testigos o probables responsables.

San Luis Potosí, por su parte, anunció únicamente un acompañamiento jurídico a sus elementos, sin informar si fueron suspendidos, replegados o sometidos a controles internos.

Un caso que aumenta la tensión en una frontera marcada por la violencia

La zona de Villa de Cos y los límites con Salinas y Vanegas han sido históricamente un punto crítico por disputas criminales y operaciones de grupos armados. Este episodio, sin información clara y con versiones oficiales que se contradicen o quedan cortas, aumenta la incertidumbre sobre el control real en la región y la coordinación entre ambos estados.