San Luis Potosí, S.L.P.– En seguimiento a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión presentada por el Gobierno de México el pasado 6 de julio, el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, propuso una reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí para que el delito de extorsión pueda ser perseguido de oficio.
La estrategia nacional fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en conjunto con diversas instancias de seguridad como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República. Entre sus objetivos están el fortalecimiento de las investigaciones mediante inteligencia, la coordinación con las fiscalías locales, la protección de las víctimas, y la creación de un protocolo especializado para atender denuncias a través del número 089.
En ese mismo contexto, la titular del Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, inciso a), con el fin de facultar al Congreso para expedir una legislación general en materia de extorsión que permita homologar el tipo penal y sus sanciones en todo el país.
El legislador potosino Arreola Mallol consideró necesario alinear el marco jurídico estatal con las disposiciones federales, y por ello planteó incorporar una nueva disposición al Título Octavo, Capítulo VI del Código Penal de San Luis Potosí. Esta modificación permitiría a las autoridades locales actuar de manera más eficiente e integral en la persecución de este delito.
“El objetivo es otorgar a las instituciones estatales las herramientas legales necesarias para combatir de forma más eficaz el delito de extorsión, en coordinación con el Gobierno de la República y conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030”, sostuvo el legislador.
La propuesta legislativa será turnada a comisiones para su análisis y dictamen. Morena busca con esta reforma fortalecer el combate a uno de los delitos de mayor impacto para la ciudadanía y avanzar hacia una política de seguridad con mayor coordinación entre los niveles de gobierno.
