La nueva legislación otorga mayores facultades de inteligencia a la Guardia Nacional y la SSPC, generando preocupación por la privacidad ciudadana.

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, conocidas en conjunto como la «Ley Espía». Con 444 votos a favor, ambas normas fueron enviadas al Senado para su revisión.

Las reformas otorgan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional facultades para acceder, bajo control judicial, a bases de datos personales y registros sensibles, incluyendo información biométrica, fiscal, de salud y de telecomunicaciones.

Además, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y se consolidará el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual operará una Plataforma Central conectada a sistemas nacionales y locales.

La Guardia Nacional también podrá realizar labores de inteligencia e investigación, lo que ha sido criticado por defensores de derechos humanos por representar riesgos a la privacidad y libertad ciudadana.

Mientras el oficialismo argumenta que se trata de combatir al crimen organizado, la oposición ha señalado que estas medidas podrían abrir la puerta al uso político de la vigilancia. La senadora priista Anabel Ávalos advirtió que se está creando “un sistema sin límites ni controles”.

De manera paralela, el Senado aprobó una nueva Ley Antilavado, que permite vigilar movimientos financieros sospechosos de las Personas Políticamente Expuestas sin orden judicial, lo que también ha generado críticas por su ambigüedad y posible uso con fines persecutorios.

Aunque ambas leyes han sido avaladas, su implementación dependerá de la instalación de sistemas tecnológicos que deben estar listos antes de que termine 2025.