San Luis Potosí vuelve a estar bajo la lupa tras una denuncia que podría sacudir los cimientos de su máxima casa de estudios. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, ha sido señalado formalmente ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de extorsión, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y asociación delictuosa.
La denuncia fue presentada por el ingeniero Fabián Espinosa Díaz de León, representante legal de la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V., quien asegura haber sido víctima de una red de presiones mediáticas y políticas liderada por el propio Rector, con la participación de la abogada general de la Universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, y los periodistas Miguel Ángel Maya Romero (propietario de Astrolabio y Antena San Luis) y Jesús Aguilar Flores.
Según el denunciante, todo comenzó en 2024, cuando la UASLP firmó con su empresa un contrato de arrendamiento por un terreno en Lomas Cuarta Sección, con el fin de desarrollar un centro deportivo y comercial. El proyecto, aprobado en sesión ordinaria por el Consejo Directivo Universitario, prometía beneficios concretos para la comunidad estudiantil. Pero meses después, una campaña en medios de comunicación —encabezada por Aguilar y Maya— comenzó a desinformar, sugiriendo que se trataba de un centro comercial encubierto.
La verdadera intención detrás del escándalo, denuncia Espinosa, era extorsiva: en una reunión privada, Miguel Ángel Maya le habría propuesto “arreglar” el tema si accedía a aumentar la renta del predio, entregar dinero en efectivo al rector, o ceder acciones del proyecto. Todo, supuestamente, con el aval del propio Zermeño.
“La renta está muy barata, debes apoyar al rector con dinero o con participación en el negocio”, habría dicho Maya, fungiendo como interlocutor directo del rector, según consta en la denuncia.
Pero el asunto no paró ahí. Pese a que el contrato estaba en regla y no se había incumplido ninguna cláusula, Zermeño llevó el tema al Consejo Universitario, donde en sesiones irregulares —presentadas bajo “asuntos generales”— se inició el proceso para rescindir el contrato, sin permitir a la empresa defenderse ni ser escuchada. Una jugada que, según Espinosa, confirma la estrategia de presión institucional y mediática.
La abogada general, quien también ha sido señalada por ostentar un grado académico que no posee, ha sido pieza clave en esta ofensiva, generando dictámenes legales con argumentos débiles, según el denunciante. El rector, por su parte, ha evitado cualquier diálogo directo con la empresa, escudándose en comisiones y burocracia universitaria, mientras continúa dando declaraciones que, según la denuncia, contienen falsedades.
Lo más grave es que Espinosa advierte que la Universidad estaría siendo utilizada como herramienta para intereses personales y políticos, comprometiendo su patrimonio, su imagen y su independencia institucional.
Además de lo anterior, la denuncia incluye referencias a una serie de litigios y antecedentes penales contra Maya Romero y su círculo cercano, vinculándolo con prácticas fraudulentas, conflictos familiares por despojos patrimoniales y hasta señalamientos de nexos con delitos mayores en el extranjero.
El denunciante solicita que se investigue a fondo el caso, mientras lanza una advertencia contundente: teme por su integridad y la de su familia, ante posibles represalias de quienes, asegura, actúan como una red organizada que opera desde el poder universitario y mediático.
¿Hasta dónde llegará esta denuncia? ¿Responderá el rector Zermeño o se refugiará en el silencio institucional? La comunidad universitaria, la opinión pública y las autoridades judiciales tienen ahora la palabra.