La reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) plantea transformaciones significativas en su estructura y funcionamiento, con el objetivo de construir un millón de viviendas en seis años. Sin embargo, la propuesta ha generado controversia debido al control que otorgaría al Gobierno federal sobre los recursos y la administración del instituto.
Puntos clave de la reforma:
1. Creación de una filial constructora:
El Infonavit podrá construir viviendas para renta y venta mediante una empresa filial financiada con los fondos de los trabajadores.
Esta filial tendrá presupuesto propio y podrá aliarse con empresas privadas y sociales.
2. Cambios en la estructura de gobierno:
La Dirección General será designada directamente por la Presidencia de la República, reduciendo el papel de la Asamblea General.
La Asamblea General pasará de 45 a 30 miembros (10 por cada sector: gobierno, trabajadores y empresarios).
El Consejo de Administración se reducirá de 15 a 12 integrantes, también en partes iguales.
En la Comisión de Vigilancia, el Gobierno tendrá mayoría con cinco representantes, frente a dos de trabajadores y dos de empresarios.
3. Eliminación de la supervisión bancaria:
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya no supervisará los recursos del Infonavit. En su lugar, la Secretaría de Hacienda establecerá reglas de operación y solicitará informes.
Críticas de la oposición y organizaciones laborales:
El senador Ricardo Anaya y diversas organizaciones acusan que la reforma permitiría al Gobierno federal utilizar de forma discrecional los 2 billones de pesos del fondo, que pertenecen a los trabajadores.
Sindicatos han denunciado ante la OIT que, además de los ahorros, también están en riesgo 10 mil millones de pesos pendientes de devolución a trabajadores.
Se cuestiona que los cambios no fueron consultados con representantes de trabajadores ni empleadores, afectando el principio tripartito del instituto.
La mayoría gubernamental en organismos de administración y vigilancia preocupa por el posible uso político de los recursos y la falta de contrapesos.
La reforma, aprobada en el Senado, se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, donde se ha pedido un periodo de reflexión para evaluar sus implicaciones a fondo. La oposición advierte que este control centralizado podría poner en riesgo la transparencia y sostenibilidad de los recursos destinados a la vivienda de los trabajadores.