Senado aprueba sanciones de dos a seis años para quienes realicen terapias de conversión sexual.


En una votación histórica durante las primeras la madrugada, el Senado de la República aprobó por amplia mayoría penas de dos a seis años de cárcel para quienes realicen terapias de conversión sexual. Con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, la medida marca un hito en la lucha por los derechos LGBTQ+ en el país.

El dictamen aprobado, que fue turnado al Ejecutivo para su promulgación, establece que las sanciones se aplicarán a cualquier individuo que realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica destinada a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Las reformas adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, precisando que las sanciones se duplicarán si las acciones se realizan contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad.

En caso de que los padres, madres o tutores sean los responsables de las conductas sancionadas, se les aplicarán sanciones de amonestación o apercibimiento según lo determine el juez. Además, aquellos que abusen de su posición de autoridad sobre la víctima enfrentarán destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un tiempo equivalente a la pena impuesta.

El documento también especifica que profesionales y técnicos de la salud que participen en prácticas destinadas a modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona serán suspendidos en el ejercicio de su profesión por uno a tres años.

El proyecto de decreto establece que la presentación de una denuncia será suficiente para iniciar la investigación de los hechos relacionados con este delito. La medida representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.